QUITO (AFP) - El presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien reivindica a menudo su fe católica, protagoniza una pugna con la Iglesia amenazando con vetar a una orden a la que acusa de "fundamentalista", un hecho inédito frente al cual el Vaticano guarda silencio.
La polémica se originó a fines de 2010 tras la renuncia del obispo Gonzalo López, quien cumplió la edad de retiro de 75 años, de los cuales 40 estuvo al frente del vicariato de la
La polémica se originó a fines de 2010 tras la renuncia del obispo Gonzalo López, quien cumplió la edad de retiro de 75 años, de los cuales 40 estuvo al frente del vicariato de la
provincia amazónica de Sucumbíos (noreste) en representación de los Carmelitas Descalzos.
López fue reemplazado interinamente por el sacerdote argentino Rafael Ibarguren, de los Heraldos del Evangelio, una orden con fuerte componente laico presente en 78 países, que recibió el aval del Vaticano en 2001.
La llegada de la congregación a Sucumbíos (ya estaba presente en Quito y Guayaquil) desató el rechazo de pobladores allegados a los carmelitas, que han protestado en las calles.
Correa, quien dice extrañar a la Iglesia latinoamericana de los años 60 y 70, marcada por la Teología de la Liberación, decidió terciar en el conflicto a favor de los feligreses, en un país con un 90% de católicos.
El pasado sábado, el mandatario amenazó con vetar a la orden que tachó de "secta fundamentalista" y "ultraconservadora". "Son tipos que se visten al estilo medieval, con sotana en plena selva amazónica, y que quieren borrar del mapa toda la acción pastoral y social" en Sucumbíos, criticó.
Correa, quien está del lado de la Iglesia en el rechazo al aborto y el matrimonio gay y ha mantenido relaciones cordiales con sus jerarcas, aseguró que el "modus vivendi", el tratado de 1937 que regula las relaciones entre el Estado ecuatoriano y el Vaticano, lo faculta para vetar a los obispos.
"Ahí está la atribución legal, nunca se la ha utilizado y no la queremos utilizar, pero lo haremos si se pretende en forma tan descarada tratar de destruir todo un trabajo social", advirtió, señalando que ciertos prelados quieren una Iglesia de "ritos, cuestiones morales y golpes de pecho".
Los alegatos del gobernante distan, sin embargo, de los de su vicecanciller, Kintto Lucas, quien previamente esgrimió denuncias sobre un supuesto "activismo político" o "propaganda religiosa" por parte de la congregación.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, consideró esa versión como "carente de fundamentos" y acusó al gobierno de violar el "modus vivendi", al haber politizado el tema ignorando los canales diplomáticos.
"Es una intromisión en la vida de la Iglesia; el gobierno pone su fuerza y prestigio por la expulsión de Los Heraldos. Tendrán que explicar por qué han politizado" el asunto, declaró Arregui a la AFP, y sostuvo que el tratado no prevé el veto. El prelado también defendió a la orden, cuyos miembros "no se encierran en una sacristía a rezar, despliegan actividades sociales y han ganado apoyos".
El historiador ecuatoriano Francisco Salazar, dos veces embajador ante la Santa Sede durante el papado de Juan Pablo II, cuestionó la postura de Correa y descartó que Benedicto XVI vaya a sacar a Los Heraldos de Sucumbíos.
"Conozco casos en que el Papa ha designado gente a sabiendas de que no le gustaba al presidente de un país", comentó Salazar a la AFP, y estimó que a lo sumo a Ibarguren le pedirán "prudencia", pero "no lo van a cambiar".
El analista político Xavier Flores consideró, en cambio, que "si hay una actuación incorrecta en términos legales alguien tendrá que ceder".
"Esto repite un poco, tal vez en un formato distinto, peleas viejas en que el Estado y la Iglesia han tenido desavenencias, pero creo que no va a pasar de un 'impasse' y que el 'modus vivendi' no va a ser replanteado", afirmó el catedrático de la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo.
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